Por María Marta Di Lello Maurin[1] y Sabrina Cejas[2], con la colaboración de Dorothea Garff[3], todas ellas miembros de Women in Compliance Argentina (“WiC”).
WiC nació en septiembre de 2017, cuando un grupo de mujeres profesionales argentinas involucradas en actividades y/o temáticas vinculadas a la ética decidió crear una red que abordara los temas de transparencia, compliance, anticorrupción, defensa de la competencia, equidad de género, diversidad, igualdad de oportunidades y derechos, así como también, trabajar juntas en el desarrollo y liderazgo femenino. El objetivo principal es trabajar en red para compartir conocimientos, novedades, experiencias y lograr el apoyo mutuo, tanto entre sus integrantes como entre sus múltiples partes interesadas. Actualmente está integrada por más de 170 mujeres (www.womenincompliance.com.ar).
La industria minera y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible con miras al 2030.
Es sabido que la gran minería es una industria global, con 6.000 compañías y 2,5 millones de trabajadores. A veces localizada en lugares remotos y menos desarrollados, la minería tiene capacidad de crear empleos e innovación, trayendo inversión e infraestructura a una escala que cambia el juego en un horizonte de largo plazo.[4]
Así entonces, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (“ODS”) proveen una arquitectura global de base consensuada que es altamente beneficiosa para la industria. En efecto, la minería, por su presencia global, está en condiciones de poder liderar al sector privado en muchas áreas del desarrollo sostenible, siendo las metas planteadas por los ODS vitales instrumentos para manejar dichos objetivos, evaluar esfuerzos, alinear de acciones y para formar asociaciones en miras a su cumplimiento.
Relevancia de las Buenas Prácticas Internacionales en la materia
A nivel internacional existe variedad de publicaciones, recomendaciones, principios, herramientas y buenas prácticas aplicables a la minería que buscan promover los negocios éticos y transparentes para alcanzar el desarrollo sostenible.
En este orden de ideas, en julio de 2016, el Centro de Inversión Sostenible de la Universidad de Columbia (“CCSI” por sus siglas originales), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (“PNUD”), la Red de Soluciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (“SDSN”, por sus siglas originales) y el Foro Económico Mundial, elaboraron el documento “Cartografía de la minería en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un Atlas” (en adelante el “Atlas”)[5]. Dicho documento expone una cartografía de las relaciones entre la minería y los ODS, mediante la utilización de ejemplos de buenas prácticas del sector y el aprovechamiento de los conocimientos y recursos existentes sobre desarrollo sostenible.
Teniendo en consideración la importancia vital que la minería y los metales tienen para la sociedad, el Consejo Internacional de Minería y Metales (“ICMM”, por sus siglas en inglés), en su compromiso con las prácticas comerciales éticas que apoyan al desarrollo sostenible y con el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París sobre el cambio climático, definió sus Principios Mineros[6] e instó – y continúa haciéndolo- a la industria a adherir a las políticas de ICMM.
Los mencionados Principios Mineros establecen los requisitos mejorados de buenas prácticas ambientales, sociales y de gobernanza para la industria minera y metalúrgica, buscando maximizar los beneficios para las comunidades receptoras y minimizar los impactos negativos a fin de gestionar de manera efectiva los desafíos a los que se enfrenta la sociedad. Así las cosas, cabe resaltar el Principio 1 que promueve prácticas éticas de negocios a través de la implementación de sistemas sólidos de gobierno corporativo y transparencia para respaldar el desarrollo sostenible. Este principio en particular define las expectativas básicas de desempeño para una industria minera responsable, entre las cuales se destacan el establecimiento de sistemas que permitan garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable, la prevención del soborno y la corrupción, con la implementación de políticas y prácticas dirigidas a prevenirlos, así como también la divulgación de las contribuciones políticas efectuadas, tanto financieras como en especie[7].
El ODS 16 y su relación con el Compliance
Es importante poner de manifiesto que, a través del ODS 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”, se busca promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir en todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Algunas metas del ODS 16 son, por ejemplo, reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas; crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles, como también promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.
Tal como lo expone el Atlas referido anteriormente, la corrupción, los abusos contra los derechos humanos, los sobornos, la evasión de impuestos y los conflictos suponen una amenaza para el desarrollo inclusivo.
Así entonces, allí se menciona que las compañías mineras pueden contribuir al logro del ODS 16 de diversas maneras y se expone como ejemplos que las empresas pueden fomentar la transparencia y evitar el debilitamiento de la integridad de las instituciones públicas luchando de forma activa contra los flujos financieros ilícitos vinculados a la minería a través de iniciativas de divulgación y presentación de información. Asimismo, pueden garantizar que no supondrán un peligro para las sociedades pacíficas evitando los conflictos entre las empresas y la comunidad, ofreciendo acceso a información, respetando los derechos humanos, apoyando un proceso de adopción de decisiones representativo y gestionando minuciosamente sus planteamientos de seguridad para garantizar que estos reduzcan la probabilidad de estallidos de violencia o conflictos.
A su vez, dicha publicación enfatiza que las empresas pueden comprometerse a garantizar la transparencia y facilitar información en relación con todas las actividades que afecten a la sociedad, desde la celebración de consultas iniciales sobre los posibles efectos positivos y negativos de un proyecto, hasta la adquisición de compromisos hacia las comunidades.
Importancia de la implementación de programas de integridad en las organizaciones que promueven la Sostenibilidad
En lo que respecta a las buenas prácticas internacionales en materia de Compliance (muchas de ellas receptadas en nuestra legislación nacional a través de la Ley Nº 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas[8], los Lineamientos de Integridad para el mejor cumplimiento de lo establecido en los Artículos 22 y 23 de dicha ley dictados por la Oficina Anticorrupción Nacional [9] y demás normativa concordante), podemos decir que las mismas proveen una excelente herramienta para que las empresas alcancen aquellos objetivos de sostenibilidad corporativa tan necesarios para ejercer una industria tan compleja como lo es la minera.
En efecto, la corrupción es un fenómeno que está presente, en mayor o menor medida, en todos los países del mundo, tal como lo demuestran los sucesivos informes del Índice de Percepción de Corrupción emitidos cada año por Transparencia Internacional[10]. A nivel nacional, Poder Ciudadano expresa que la minería, al igual que sucede en un sinnúmero de ámbitos productivos, no es ajena al lamentable flagelo de la corrupción y se evidencian situaciones en las que las prácticas corruptas no sólo benefician a algunos en detrimento de otros, sino que a largo plazo perjudican a la sociedad en su conjunto –incluyendo aquí tanto a las comunidades, las empresas, como al Estado en sus distintos niveles–[11].
Entonces, la implementación de políticas de integridad o Compliance a nivel corporativo brinda herramientas eficientes para la prevención de la corrupción en todos sus ámbitos. Su desarrollo otorga importantes beneficios para las compañías, lo que redunda en una mejor reputación en el mercado y ante clientes y proveedores; mayor integridad y transparencia interna; mejores herramientas para controlar el fraude interno y desarrollar herramientas de sostenibilidad. Adicionalmente, genera un compromiso más fuerte de los trabajadores con los intereses y valores de la compañía, atrayendo capital humano de calidad.
Es dable poner de manifiesto que las empresas con fuerte cultura de integridad tienen nueve veces menos posibilidades de tener casos significativos de mala conducta comercial. Asimismo, una empresa con cultura de integridad tiene 1,5 más probabilidades de reportar la mala conducta; como también aumenta la productividad en un 12% y se reducen notablemente las pérdidas comerciales y financieras[12].
Conclusiones
Cuando las compañías planifican la consecución de sus objetivos de desarrollo sostenible a fin de crear un impacto positivo en los ámbitos económico, ambiental y social, la implementación de políticas de integridad debe ser abordada necesariamente como uno de los pilares rectores sobre los que se construye dicha sostenibilidad y no como un asunto ajeno a la misma.
Es por ello, que las buenas prácticas en materia de Compliance constituyen una herramienta clave en un sector como el minero donde la prevención de conflictos entre las empresas y la comunidad, el apoyo y protección de los derechos humanos y el encabezamiento de iniciativas en favor de la transparencia – entre otras actividades – son ejes centrales de la industria para el cumplimiento del ODS 16 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
En definitiva, esto lleva a concluir que el impacto de una fuerte cultura de integridad en una empresa minera es alto, ya que, si concebimos a cada operación minera como una suerte de “pequeña comunidad”, en ellas -como en todo grupo humano- puede darse un terreno propicio para que sucedan prácticas no deseadas. Por lo tanto, si los colaboradores de un proyecto minero ven en sus líderes y colegas comportamientos éticos positivos, estas conductas ejemplares fomentan una cultura de integridad y ética organizacional, que debe convertirse en el eje rector del comportamiento corporativo.
[1] Abogada, titular del estudio Di Lello Maurin y directora del Programa de Formación en Compliance, Ética & Sostenibilidad Empresaria en la Universidad del Aconcagua. Egresada de la Universidad de Mendoza con especialización en Derecho Empresario de la Universidad de San Andrés, con más de 18 años de experiencia como abogada de empresas. Auditora Interna ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno. Auditora líder de calidad ISO 9001:2008. Certificación Internacional en Ética & Compliance de CEMA /AAEC /IFCA. De 2012 a 2017, se desempeñó como abogada interna y coordinadora legal en la Argentina de Vale- Potasio Río Colorado. Miembro del Instituto Argentino de Derecho Minero (IADEM) donde coordina la Comisión de Derecho Federal.
[2] Abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es Site Compliance Superintendent para Argentina en Newmont Corporation. Anteriormente, fue Directora de Transparencia y Ética Pública de la Oficina de Fortalecimiento Institucional de la provincia de Buenos Aires e Investigadora de la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción de la Nación. Es miembro de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC) y Compliance Officer con Certificación Internacional por la AAEC y la IFCA. Es egresada del Programa Ejecutivo de Prevención de Lavado de Dinero, Transparencia y Financiamiento del Terrorismo de la Universidad Di Tella y de la Diplomatura en Compliance de la Universidad Austral.
[3] Abogada, asociada senior de Beccar Varela. Focaliza su práctica en procesos de start-up de empresas, en derecho corporativo general y en Compliance. Trabajó como gerente jurídico y Compliance/tecnología e innovación en la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina). Cuenta con Certificación en Ética y Compliance (AAEC/UCEMA/IFCA, 2016). Es miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, de la International Bar Association y de la Asociación Jurídica Argentino-Germana.
[4] http://www.editorialrn.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=17653:atlas-mapeo-de-la-mineria-para-los-objetivos-del-desarrollo-sustentable&catid=14&Itemid=599
[5]https://irp-cdn.multiscreensite.com/be6d1d56/files/uploaded/Mapping_Mining_SDGs_An_Atlas-Spanish-FINAL-cover.pdf
[6] https://www.icmm.com/es/miembros-del-icmm/principios-mineros
[7] https://www.icmm.com/es/miembros-del-icmm/principios-mineros/principio-1
[8] http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/295000-299999/296846/norma.htm
[9] http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/314938/norma.htm
[10] Transparencia Internacional es una organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional. Se fundó en 1993. Publica anualmente el Índice de Percepción de Corrupción, una lista corporativa de corrupción a nivel mundial.
[11]http://poderciudadano.org/poder-ciudadano-presento-su-informe-riesgos-de-corrupcion-en-concesiones-mineras/
[12] Fuente: Gartner CEB/CELC.
